LA MUERTE DE PECHITO Y LA DEUDA SOCIAL DEL MACRISMO
Según un informe realizado por La Fábrica Porteña, un espacio cuyo referente es el ministro de Trabajo Carlos Tomada, el presupuesto del BAP fue decreciendo en relación al presupuesto total del Ministerio de Desarrollo Social. En 2009, el programa tenía un presupuesto de 18.604.175 pesos, que representa un 2,03 por ciento del total del presupuesto del área que comanda Stanley. En 2010, 16.177.851 pesos, es decir, un 1,46 por ciento del total. En 2011 (que se trató de un año electoral), el presupuesto aumentó a 23.435.226 pesos, lo que refleja un 1,59 por ciento del total. En 2012 alcanzó los 28.875.381 pesos, pero descendió a un 1,54 por ciento del total y en lo que va del 2013 casi se mantuvo el presupuesto, 28.349.840 pesos pero se achicó con respecto al presupuesto total y representa tan sólo un 1,34 por ciento (ver cuadro). Es decir, salvo en el año electoral, el resto de los años fue disminuyendo el dinero designado al BAP en relación al total del presupuesto.
Según explicó a Veintitrés Manuel Socías, coordinador ejecutivo La Fabrica Porteña, "el desmantelamiento silencioso y progresivo del BAP escenifica con especial crudeza el tipo de Estado que imagina el macrismo para la ciudad y el país: un Estado autista, que no ve lo que pasa en las calles, que les da la espalda a los más vulnerables, mientras potencia la especulación inmobiliaria privada que profundiza el problema habitacional y que paradójicamente es lo que hace más necesario un programa de esas características".
Pero el segundo foco por el cual el BAP no funciona como debería tiene que ver con el desmantelamiento y las condiciones laborales de los que integran el programa. Según un informe parlamentario de la legisladora porteña Claudia Neira, del bloque Buenos Aires 20/21 que forma parte del interbloque kirchnerista, se registra que "según señala el programa 2013 de la Dirección General Sistema de Atención Inmediata, organismo superior del BAP, su estructura de personal fue recortada en todos sus escalafones administrativos. Pasó de tener 338 trabajadores en 2012 a 275 este año".
Veintitrés consultó a varios trabajadores del BAP que prefirieron mantener en reserva su identidad, pero que aseguraron que las condiciones en las que se trabaja son de precarización absoluta. Los operadores sociales que hacen una jornada de seis horas los cinco días de la semana cobran 3.800 pesos por mes y al tener un contrato de locación, tienen que pagar 300 pesos de monotributo. Los trabajadores profesionales, por la misma jornada, cobran apenas 4.200 pesos. Por supuesto que no tienen cobertura social, ART, ni pueden pedirse días por estudio. Hay atraso en los pagos y condiciones de trabajo insalubres.
Lo curioso fue que en 2011, en plena campaña, se creó el "BAP zonal", una camioneta que recorría algunas zonas específicas de la Capital sin que necesariamente haya un llamado al 108, pero fue desactivado apenas terminó la campaña. "El BAP es una suerte de caballito de batalla del Pro porque es la manera más fácil de invisibilizar la pobreza. Vamos a zonas de clase media y clase alta para que ellos puedan hacer una limpieza de los que viven en las calles", explicaron a esta revista. Con lo cual, resulta muy difícil coordinar con otros planes del gobierno que puedan volver a reinsertar a estas personas a una vida digna. Además, en 2012 hubo un fuerte conflicto gremial luego de que los trabajadores se nuclearan para reclamar sobre su situación laboral. Una vez electos los delegados y comenzado el reclamo, la decisión del ministerio fue unánime. Echar a cuatro trabajadores sin justificación –varios eran los referentes sindicales– y trasladarlos a otras áreas del ministerio. "Los trabajadores fueron apretados y echados. Se hizo para infundir miedo al resto de los laburantes para que no se organicen ni hagan hacer valer sus derechos", explicaron desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que pertenece a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA).
El caso del programa Buenos Aires Presente es el cabal reflejo de una recurrente política de Estado que decide hacer la vista gorda a los sectores más vulnerables. O peor aún: es el espejo una política que intenta "limpiar" a quienes no responden a los cánones que resultan amenos a la vista. Mientras tanto, otros "Pechitos", en otras esquinas de la ciudad de Buenos Aires, se siguen muriendo.
Abandono PRO
El Plan Buenos Aires Presente, que comanda Carolina Stanley, está siendo desfinanciado y desmantelado. Denuncias, abusos y trabajo precarizado. El fantasma de la represora UCEP.
Pechito. Hacía 12 años que Alejandro Ferreiro vivía en la esquina de Scalabrini Ortiz y Santa Fe, ayudado por los vecinos, que hoy lo extrañan.
El hombre vivía en la esquina de Scalabrini Ortiz y Santa Fe hacía doce años. Se llamaba Alejandro Ferreiro y lo apodaban "Pechito". Un colchón, un televisor y sus perros eran las únicas posesiones de este linyera del barrio de Palermo. Hacía una semana, una patrulla del plan Buenos Aires Presente (BAP) –un programa que depende del Ministerio de Desarrollo Social porteño, comandado por Carolina Stanley, quien responde a la vicejefa de gobierno María Eugenia Vidal– se lo llevó de la esquina en cuestión. La búsqueda de sus vecinos terminó dos días después, cuando fue encontrado por una ambulancia del SAME frente a la cancha de San Lorenzo, en el Bajo Flores. Estaba deshidratado y con señales de haber recibido golpes. Lo internaron en el Hospital Rivadavia y murió horas después. La historia de Pechito es una más de las cientos de historias de personas en situación de calle, pero vuelve a poner en el tapete cuál es la política del Gobierno porteño en relación a los más vulnerables. El caso de Pechito revela cuáles son las prioridades del Pro y cómo están orientadas las políticas públicas que lleva adelante la administración que comanda Mauricio Macri.
Pero para comprender la real dimensión del asunto, resulta indispensable entender qué es el BAP. Es un programa que nació en 1999, bajo la órbita del entonces jefe de gobierno Fernando de la Rúa. Según el decreto que le dio origen, el objetivo estaba orientado a la atención especializada tanto de las personas y familias en situación de riesgo social, afectadas por situaciones de emergencia y/o con derechos vulnerados como también de aquella población con necesidad de orientación, información y asesoramiento sobre servicios sociales, las 24 horas, los 365 días el año. Para eso se puso en marcha una línea telefónica, que hoy funciona discando el 108, cuyas denuncias son atendidas por especialistas que a través de unidades móviles se trasladan al lugar de la denuncia. Sin embargo, desde que asumió el equipo amarillo la práctica del BAP estuvo focalizada en los desalojos administrativos en conjunto con otra fuerza polémica creada en 2008 por el Pro: la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP), una suerte de patrulla parapolicial que golpeaba a las personas en situación de calle. En tándem, y mientras la UCEP reprimía, los integrantes del BAP realizaban informes y censos para que los desalojados pudieran comenzar a tramitar los subsidios habitacionales. Es decir, el programa funcionaba a modo de contención de quienes se quedaban de un día para el otro sin techo y debían encontrar un alojamiento o bien, volver a la calle. Pero cuando el organismo parapolicial quedó desmantelado tras varias denuncias penales que incluso tienen como responsable al propio Macri, el programa que depende del Ministerio de Desarrollo Social quedó sujeto a un desmantelamiento interno, tanto en materia presupuestaria como en personal. Así, la lógica del BAP está signada por una falta de políticas profundas e integradas en cuanto a la restitución de las familias en situación de calle.
Según un informe realizado por La Fábrica Porteña, un espacio cuyo referente es el ministro de Trabajo Carlos Tomada, el presupuesto del BAP fue decreciendo en relación al presupuesto total del Ministerio de Desarrollo Social. En 2009, el programa tenía un presupuesto de 18.604.175 pesos, que representa un 2,03 por ciento del total del presupuesto del área que comanda Stanley. En 2010, 16.177.851 pesos, es decir, un 1,46 por ciento del total. En 2011 (que se trató de un año electoral), el presupuesto aumentó a 23.435.226 pesos, lo que refleja un 1,59 por ciento del total. En 2012 alcanzó los 28.875.381 pesos, pero descendió a un 1,54 por ciento del total y en lo que va del 2013 casi se mantuvo el presupuesto, 28.349.840 pesos pero se achicó con respecto al presupuesto total y representa tan sólo un 1,34 por ciento (ver cuadro). Es decir, salvo en el año electoral, el resto de los años fue disminuyendo el dinero designado al BAP en relación al total del presupuesto.
Según explicó a Veintitrés Manuel Socías, coordinador ejecutivo La Fabrica Porteña, "el desmantelamiento silencioso y progresivo del BAP escenifica con especial crudeza el tipo de Estado que imagina el macrismo para la ciudad y el país: un Estado autista, que no ve lo que pasa en las calles, que les da la espalda a los más vulnerables, mientras potencia la especulación inmobiliaria privada que profundiza el problema habitacional y que paradójicamente es lo que hace más necesario un programa de esas características".
Pero el segundo foco por el cual el BAP no funciona como debería tiene que ver con el desmantelamiento y las condiciones laborales de los que integran el programa. Según un informe parlamentario de la legisladora porteña Claudia Neira, del bloque Buenos Aires 20/21 que forma parte del interbloque kirchnerista, se registra que "según señala el programa 2013 de la Dirección General Sistema de Atención Inmediata, organismo superior del BAP, su estructura de personal fue recortada en todos sus escalafones administrativos. Pasó de tener 338 trabajadores en 2012 a 275 este año".
Veintitrés consultó a varios trabajadores del BAP que prefirieron mantener en reserva su identidad, pero que aseguraron que las condiciones en las que se trabaja son de precarización absoluta. Los operadores sociales que hacen una jornada de seis horas los cinco días de la semana cobran 3.800 pesos por mes y al tener un contrato de locación, tienen que pagar 300 pesos de monotributo. Los trabajadores profesionales, por la misma jornada, cobran apenas 4.200 pesos. Por supuesto que no tienen cobertura social, ART, ni pueden pedirse días por estudio. Hay atraso en los pagos y condiciones de trabajo insalubres.
Lo curioso fue que en 2011, en plena campaña, se creó el "BAP zonal", una camioneta que recorría algunas zonas específicas de la Capital sin que necesariamente haya un llamado al 108, pero fue desactivado apenas terminó la campaña. "El BAP es una suerte de caballito de batalla del Pro porque es la manera más fácil de invisibilizar la pobreza. Vamos a zonas de clase media y clase alta para que ellos puedan hacer una limpieza de los que viven en las calles", explicaron a esta revista. Con lo cual, resulta muy difícil coordinar con otros planes del gobierno que puedan volver a reinsertar a estas personas a una vida digna. Además, en 2012 hubo un fuerte conflicto gremial luego de que los trabajadores se nuclearan para reclamar sobre su situación laboral. Una vez electos los delegados y comenzado el reclamo, la decisión del ministerio fue unánime. Echar a cuatro trabajadores sin justificación –varios eran los referentes sindicales– y trasladarlos a otras áreas del ministerio. "Los trabajadores fueron apretados y echados. Se hizo para infundir miedo al resto de los laburantes para que no se organicen ni hagan hacer valer sus derechos", explicaron desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que pertenece a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA).
El caso del programa Buenos Aires Presente es el cabal reflejo de una recurrente política de Estado que decide hacer la vista gorda a los sectores más vulnerables. O peor aún: es el espejo una política que intenta "limpiar" a quienes no responden a los cánones que resultan amenos a la vista. Mientras tanto, otros "Pechitos", en otras esquinas de la ciudad de Buenos Aires, se siguen muriendo.
Nicolas Del Pesco
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